La Justicia procesó a dos abogados y a un trabajador de la aseguradora Liderar, acusados de haber participado en una maniobra fraudulenta contra víctimas de accidentes de tránsito. Según la investigación, habrían contactado directamente a los damnificados para negociar acuerdos por montos mucho menores a los que ya había establecido la Justicia, en perjuicio de los reclamantes y a favor de la empresa.

Los imputados son los letrados Franco Ortolano (79), María Magdalena Forquera (60) y José Buccioni (71), quien se desempeñaba como empleado de Liderar. Los tres negaron los cargos, pero igualmente fueron procesados por el delito de estafa en grado de tentativa en concurso real con asociación ilícita, aunque sin prisión preventiva. A cada uno se les impuso un embargo de $60 millones.

El juez nacional en lo Criminal y Correccional N.º 48, Javier Sánchez Sarmiento, firmó el fallo, en una causa impulsada por el fiscal Patricio Lugones. En la misma resolución fue sobreseído Hernán Alberto de las Carreras (63), otro trabajador de la firma.

Estrategia para burlar sentencias judiciales

La causa se basa en nueve hechos en los que los acusados habrían intentado eludir sentencias judiciales desfavorables para Liderar. En uno de los casos más graves, la aseguradora ya había sido condenada en primera instancia a pagar $5.140.000 más costas e intereses a un damnificado, pero la empresa —a través de esta maniobra— logró que el afectado firmara un acuerdo extrajudicial por apenas $1.600.000.

Según el fallo, «al haberse abusado de su estado de necesidad y urgencia económica y al haberlo engañado diciéndole que su abogado lo estaba perjudicando en sus intereses», el hombre terminó revocando el mandato de su propio letrado para ser representado por una abogada vinculada a la aseguradora.

La maniobra evitó que la empresa pagara el monto total establecido en el juicio. La Justicia entendió que en los otros ocho casos no se llegó a concretar la estafa porque las víctimas se comunicaron con sus abogados, quienes iniciaron acciones legales.

Un esquema organizado

En su resolución, el juez Sánchez Sarmiento concluyó que Ortolano, Forquera y Buccioni «conformaron una asociación ilícita para cometer una cantidad indeterminada de defraudaciones«. Si bien no se identificó un jefe, sí se detectó una «clara distribución de tareas bastante equitativa», por lo cual se los responsabilizó en calidad de miembros de la organización.

Ortolano, a quien se vinculó como figura clave de Liderar Seguros, negó ser presidente de la compañía y sostuvo que se desempeñaba como abogado apoderado desde hacía 25 años.

«La empresa tiene a su cargo 2.000 o 3.000 causas de este tipo. Evidentemente hay cosas que se le pudieron haber escapado», declaró. También afirmó que «estas causas son fabricadas para extorsionar a la compañía» y que Liderar paga entre «3.000 y 5.000 millones de pesos mensuales por siniestros».

En una línea similar, Forquera aseguró que dejó la empresa en 2022 «porque quería ejercer la profesión de manera independiente» y sostuvo que no conocía a las personas demandantes.

En adición, Buccioni dijo que realizaba tareas administrativas. Defendió su actuación al afirmar que «no hubo engaños ni mentiras«, sino que «se le ofreció una cantidad conciliatoria que él aceptó». Y agregó que entre julio de 2024 y marzo de 2025 la empresa pagó más de $17.700 millones en indemnizaciones y honorarios.

El rol de la «industria del juicio»

Durante su defensa, Ortolano también apuntó contra los estudios jurídicos que representan a víctimas de accidentes de tránsito: «Es una práctica frecuente el acuerdo extrajudicial durante la espera de una sentencia definitiva. Esta industria del juicio realiza promesas de indemnizaciones excesivas e indebidas», afirmó en su descargo.

No obstante, el juez consideró probado que Buccioni acudió personalmente a la casa de una de las víctimas para ofrecerle un pago menor al que había sido fijado judicialmente, sin informarle los detalles reales de su situación legal ni las consecuencias de firmar el convenio propuesto.

«Existió una asociación ilícita conformada al menos por María Magdalena Forquera, Franco Ortolano y José Buccioni para cometer una cantidad indeterminadas de estafas«, concluyó el fallo.