El juez federal Daniel Rafecas declaró la incompetencia de su juzgado para investigar una denuncia por presunto lavado de activos formulada contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, y ordenó remitir el expediente al fuero Penal Económico por tratarse de un hecho vinculado al orden económico y financiero, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La denuncia por la compra de un predio en Pilar pasa al fuero Penal Económico tras decisión de Rafecas

La causa, iniciada tras una presentación de Elisa Carrió y los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe, apuntaba a la adquisición por parte de la empresa Real Central S.R.L. de un inmueble de más de 105.000 metros cuadrados en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, que incluiría autos de colección, caballos de carrera, un helipuerto y diversas instalaciones deportivas.

Los denunciantes sostuvieron que los perfiles fiscales y los ingresos declarados por Pantano y Conte no permitirían justificar la operación.

El expediente incorporó informes comerciales, documentación societaria, registros catastrales y material audiovisual. También se mencionaron vínculos de Pantano con actividades deportivas y empresariales, así como versiones públicas que atribuían la propiedad a terceros no formalmente identificados.

En su resolución, Rafecas sostuvo que, al no advertirse un delito precedente de naturaleza federal ni elementos que habiliten la intervención del fuero Criminal y Correccional Federal, el juez ordenó enviar la causa a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que se sortee el juzgado que continuará la investigación.

Una propiedad con infraestructura de lujo

La denuncia pone el foco en una quinta de 105.384,80 metros cuadrados repartida en dos lotes y equipada con instalaciones de alto nivel: haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento, helipuerto y distintos espacios deportivos. Para Carrió y su equipo, el contraste entre el valor estimado de esa infraestructura y el perfil fiscal de los supuestos dueños resulta imposible de explicar sin la intervención de un tercero que buscaría ocultar su identidad.

Real Central SRL fue creada con un capital social de apenas $300.000, pero en junio de 2024 la firma cambió su razón social y recibió una súbita inyección de $58 millones. Apenas dos semanas después de ese refuerzo, la empresa habría concretado la compra de la mansión. Para los denunciantes, ese salto patrimonial sin justificación aparente refuerza la sospecha sobre el origen del dinero utilizado.

El perfil fiscal de los socios también alimenta la hipótesis. Ana Lucía Conte, una de las titulares, fue monotributista hasta 2012, percibió el IFE en 2020 y se jubiló en 2021. El otro integrante de la sociedad, Luciano Pantano, figura en Categoría G del monotributo, con un tope de facturación de 40 millones de pesos al año, y registraba deudas bancarias por más de $2 millones en septiembre.

Así es la declaración jurada de «Chiqui» Tapia

Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presentó en julio su Declaración Jurada Patrimonial y reveló ingresos anuales superiores a los $818 millones netos. Sin embargo, el dirigente aseguró no poseer dinero en efectivo, en bancos, ni inversiones financieras propias o familiares.

La presentación se realizó ante los organismos correspondientes debido a su puesto en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), administrada por los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

El documento detalla tres fuentes laborales, aunque Tapia cobra solo por dos. Por la presidencia de la AFA afirma no percibir ingresos, mientras que sus honorarios más altos provienen de su rol como vicepresidente segundo de la Conmebol, con sede en Paraguay. Según lo informado, recibe alrededor de $60 millones mensuales por esta función.

La declaración también consigna que Chiqui Tapia dedica apenas 120 minutos por semana a sus actividades en la confederación sudamericana. Con esa estimación, su remuneración se traduciría en un pago aproximado de $7.500.000 por hora, una cifra que genera debate incluso dentro del ambiente futbolístico.

Su segundo ingreso corresponde a su participación en la Ceamse, por la que aseguró cobrar unos $8 millones al mes. Allí, dijo desempeñar tareas por unas 15 horas semanales.

A estas dos funciones se suma una cuarta relación laboral. Registros públicos muestran que Tapia figura como empleado activo de Solbayres, una empresa privada de servicios de limpieza. Aunque este empleo no es detallado en la declaración, sí aparece en bases de datos oficiales.