Creado en 1998, el Monotributo nació con el objetivo de incorporar al sistema fiscal a miles de pequeños emprendedores y trabajadores independientes que, hasta ese momento, ofrecían bienes y servicios desde la informalidad. Con el paso del tiempo, el esquema creció a gran velocidad y permitió que millones de personas formalizaran su actividad, abriendo la puerta a nuevos negocios y oportunidades.

Sin embargo, no todo funcionó como se esperaba. Tanto el sector privado como el propio Estado han utilizado el régimen para encubrir relaciones laborales, eludir cargas y obtener beneficios que bordean la legalidad.

Hoy el debate vuelve al centro de la escena. A grandes rasgos, aparecen dos caminos posibles.

Por un lado, eliminar el Monotributo y trasladar a todos los contribuyentes al régimen de Autónomos. Si bien esta opción implicaría una mayor recaudación, también generaría un fuerte impacto negativo en la actividad privada: el sistema de autónomos es más complejo, exige mayores tributos y no prevé mecanismos flexibles para bajar de categoría cuando la facturación cae.

La segunda alternativa -probablemente la más razonable- apunta a actualizar el régimen, tanto en sus escalas como en sus componentes tributarios. El desafío pasa por encontrar un equilibrio entre los topes de facturación, los aportes jubilatorios y el financiamiento del sistema de obras sociales.

A simple vista, resulta evidente que modificar el Monotributo sin una reforma profunda del sistema de obras sociales sería insuficiente. El esquema actual ya no resiste más parches.

Entre los puntos centrales, aparece primero la necesidad de elevar los topes de facturación a valores acordes con la realidad económica, inflacionaria y cambiaria. En segundo término, ajustar los aportes al régimen jubilatorio para evitar que, a futuro, el Estado enfrente un déficit creciente. Y por último, avanzar hacia un sistema de obras sociales más simple y ordenado. Una eventual unificación podría reducir pasivos, mejorar las prestaciones y evitar que millones de monotributistas recurran obligadamente a prepagas.

Sincerar, actualizar y simplificar el régimen permitiría potenciar la actividad económica de miles de profesionales y prestadores de servicios vinculados contractualmente con empresas, generando beneficios para ambas partes.

Cualquier reforma, sin embargo, debe surgir del consenso entre todos los actores. Sin ese acuerdo, las nuevas normas corren el riesgo de transformarse en letra muerta y agravar lo que ya funciona con dificultades. Escuchar a quienes integran el régimen y atender sus necesidades podría ser un buen punto de partida.